El país necesita una prórroga urgente de la Ley de Biocombustibles

La Prórroga de la Ley 26.093 (de Regulación y Promoción para la Producción Biocombustibles), que vence en mayo de este año, dará el tiempo necesario para que el Congreso de la Nación, con la participación de productores, cámaras empresarias y expertos, pueda debatir serenamente la sanción de una Ley superadora que potencie los beneficios ambientales, sociales y económicos que generan los biocombustibles.

La no sanción de una prórroga pondría en peligro al conjunto del sector de biocombustibles, que cuenta con 54 empresas distribuidas en 10 provincias, produce ahorros de hasta 70% en las emisiones de gases de efecto invernadero, y genera decenas de miles de empleos calificados y federales, al tiempo que potencia a otras industrias y servicios regionales.

 El bioetanol de maíz provee el 55% del bioetanol destinado al corte de las naftas, usando para ello menos del 3% de la producción de maíz. Una rebaja del corte implicaría un menor valor agregado y le demandaría al país mayores importaciones de naftas, en un momento en el que faltan divisas en el Banco Central.

Es importante destacar que la industria no recibe fondos del Estado, sino que está exenta de los impuestos a los combustibles líquidos y al carbono, tanto por su favorable impacto ambiental como para evitar que genere un costo extra para el consumidor.

El mundo avanza decididamente hacia lo sustentable, reduciendo significativamente la utilización de los combustibles fósiles, que son muy contaminantes y dañan la salud. Argentina, pretende ir a contramano, con rebajas en el corte obligatorio.

La Argentina atraviesa una profunda recesión económica. En este contexto, las únicas medidas que nos podemos permitir son las que creen oportunidades para el desarrollo productivo y permitan generar y sostener empleos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Nuestros legisladores no deben condenar actividades sostenibles que se han desarrollado de una manera federal, con un gran esfuerzo. Es enorme la oportunidad que tiene el Gobierno nacional para avanzar en una clara federalización y agregado de valor de la producción primaria.

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