La entrada en vigor de los requisitos de la Unión Europea para demostrar que los productos agropecuarios no provienen de zonas deforestadas abrió un debate entre las entidades rurales. El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, defendió la posibilidad de que los productores seleccionen libremente la plataforma para informar sus datos y pidió que las provincias implementen sistemas oficiales y gratuitos.
De cara al inicio de la nueva etapa de exportaciones a la Unión Europea, el sector agropecuario argentino busca adecuarse a las exigencias de trazabilidad y sustentabilidad que impondrá el bloque comunitario. En ese marco, Castagnani sostuvo que los productores deben contar con alternativas para cumplir con los requisitos sin quedar atados a una única herramienta.
“Hay que esperar a ver qué dice la Unión Europea y que los productores tengamos la oportunidad de elegir libremente la plataforma que nos interese”, afirmó el titular de CRA. Según explicó, no se trata strictly de nuevas certificaciones, sino de brindar la información requerida por las autoridades europeas respecto del origen y las condiciones de producción.
Castagnani indicó que, de acuerdo con la información que maneja la entidad, existen seis plataformas que cumplen con los requerimientos europeos. “La Unión Europea acepta la información de cualquier plataforma que informe lo que ellos precisan”, señaló, al tiempo que remarcó que la competencia entre alternativas debería permitir que cada productor elija la opción que considere más conveniente.
En ese esquema, destacó el papel de la provincia de Santa Fe, que ya cuenta con un sistema oficial para certificar que los establecimientos se encuentran libres de deforestación. El dirigente rural aseguró que ese trámite es gratuito y consideró que el resto de las provincias debería avanzar en la misma dirección, dado que los gobiernos locales son quienes poseen buena parte de la información territorial necesaria.
“Sería muy bueno para todos los gobiernos provinciales, que son en definitiva los que pueden dar la información que se necesita, y es algo oficial”, expresó Castagnani. Para CRA, la participación de las administraciones provinciales podría facilitar el cumplimiento de las exigencias externas y, al mismo tiempo, evitar que los productores deban afrontar costos adicionales para acceder a los mercados internacionales.
El presidente de la entidad comparó la multiplicidad de plataformas con la posibilidad de elegir una compañía aseguradora. “Esto es como el seguro contra granizo; cuando uno siembra trigo el productor generalmente contrata un seguro y hay diez opciones”, explicó. En su visión, el productor debe disponer de distintas herramientas y evaluar cuál se adapta mejor a sus necesidades productivas y comerciales.
La discusión sobre las plataformas también generó tensiones entre entidades del sector. Castagnani reconoció diferencias con la Sociedad Rural Argentina a raíz de declaraciones realizadas por un integrante de esa institución, aunque aclaró que CRA no cuestiona el intercambio de opiniones. “No nos molesta discutir ideas; lo hacemos siempre, inclusive internamente. Creo que el tener diferentes miradas enriquece después el resultado, pero siempre con respeto”, sostuvo.
En paralelo, CRA prepara una agenda institucional cargada para el cierre del año. La entidad tiene prevista una asamblea con la participación presencial de sus dieciséis confederaciones, desde Santa Cruz hasta Jujuy, además de reuniones con funcionarios nacionales y provinciales. Castagnani remarcó que esos encuentros buscan abordar problemas concretos del productor y no limitarse a actividades protocolares.
“Tenemos muy buen diálogo y siempre tratamos de hacerles llegar las necesidades o las inquietudes que tiene el productor”, afirmó. Entre los temas de preocupación aparecen la presión impositiva, las dificultades logísticas, el acceso a los mercados y los efectos de los fenómenos climáticos sobre las distintas producciones regionales.
En ese último punto, el dirigente se refirió especialmente a la situación del Litoral, donde numerosos productores debieron retirar la hacienda de las islas y trasladarla hacia campos más altos ante la crecida de los cursos de agua. Si bien reconoció que el fenómeno ocasiona perjuicios, señaló que muchos ganaderos pudieron anticiparse y tomar medidas preventivas.
CRA gestiona junto con los gobiernos provinciales y la administración nacional mecanismos de asistencia para aquellos productores que deban realizar ventas forzosas o no cuenten con campos alternativos para alojar sus animales. “No lo podemos castigar encima con toda la parte impositiva”, advirtió Castagnani, al reclamar que se contemple la situación extraordinaria que atraviesan los establecimientos afectados.
Además, las sociedades rurales vinculadas a CRA ofrecieron sus instalaciones para recibir temporalmente animales y colaborar en la búsqueda de campos, alimentos y otros recursos. La entidad busca así acompañar a los productores durante una emergencia que, más allá del impacto inmediato sobre la ganadería, puede comprometer la planificación productiva y la situación económica de numerosas familias rurales.

