La llegada de un nuevo período de lluvias intensas vuelve a poner en el centro de la agenda la situación de la infraestructura hídrica en la provincia de Buenos Aires. Luego de años de reclamos por inundaciones, caminos rurales intransitables y dificultades para movilizar hacienda y granos, la ejecución de las obras en la cuenca del río Salado continúa a un ritmo que, según Silvina Vaccarezza, resulta insuficiente frente a la magnitud del riesgo climático previsto.
“Las obras del Salado estuvieron detenidas por más de dos años”, afirmó la legisladora, quien detalló que los trabajos se reactivaron en septiembre del año pasado, aunque con avances mínimos durante el período inicial. Según explicó, en uno de los subtramos apenas se habían ejecutado alrededor de 500 metros en el lapso de un año. “Qué bueno que se está trabajando, porque estuve el día jueves ahí y se está trabajando. Pero ya llega tarde”, sostuvo.
La preocupación se vincula con los pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial, que anticipan un fenómeno de El Niño de elevada intensidad. El escenario previsto para 2026 y parte de 2027 podría superar los registros de 1950, un antecedente considerado particularmente severo por sus efectos sobre las precipitaciones y los excedentes hídricos.
En ese contexto, la diputada puso el foco en el destino de los recursos del Fondo de Infraestructura Hídrica, que se nutre, entre otros aportes, de un impuesto incluido en el precio de los combustibles. A partir de un pedido de acceso a la información pública, aseguró que existen 354.197 millones de pesos sin utilizar en obras hídricas: 303.370 millones colocados en Letras del Tesoro, 47,2 millones inmovilizados en plazos fijos y 50.779 millones depositados en cuentas a la vista.
“La plata está, pero no está para los caminos, para los canales, para las obras que esperan nuestros pueblos”, cuestionó Vaccarezza. Y graficó la situación con una comparación: “Es como tener guardado el paraguas justo cuando empieza a llover”. Según su interpretación, esos fondos permanecen dentro del circuito financiero y contribuyen al financiamiento del Estado nacional, en lugar de aplicarse a obras destinadas a reducir el impacto de las inundaciones.
La canalización del río Salado es una obra de carácter nacional, debido a que la cuenca recibe y conduce aguas provenientes de varias provincias, entre ellas Santa Fe, La Pampa, Córdoba y parte de San Luis. Sin embargo, la ejecución y la inspección de los trabajos corresponden al Gobierno bonaerense, mediante los recursos que transfiere la Nación a través del fondo hídrico. Esta distribución de responsabilidades, explicó la legisladora, suele generar demoras y cruces entre las distintas administraciones.
Vaccarezza repasó que las primeras etapas de la obra atravesaron distintos gobiernos y quedaron condicionadas por la pandemia, procesos licitatorios que se cayeron y contratos que no prosperaron. Mientras tanto, el fondo continuó acumulando recursos. “Yo creo que es la decisión política de cada gobierno de turno el hecho de hacer los trabajos en el río Salado o no”, afirmó.
Uno de los puntos críticos se encuentra entre la ruta 205 y el puente de Ernestina. Se trata de un tramo de aproximadamente 33 kilómetros que funciona como un cuello de botella para el escurrimiento del agua. La diputada indicó que ese sector está dividido en tres etapas, con avances del 23%, 82% y 55%, respectivamente. “Es decisión política de poner el dinero donde tiene que ir y llenar de dragas para que eso se termine”, reclamó.
La demora impacta directamente sobre la producción agropecuaria. En una provincia donde la ganadería y la agricultura dependen de la transitabilidad de los caminos, las inundaciones impiden sacar animales, trasladar granos, ingresar insumos y garantizar la asistencia a los establecimientos. También afectan el funcionamiento de las escuelas rurales, el trabajo de la patrulla rural y el acceso de ambulancias a zonas alejadas.
El problema no se limita al ámbito productivo. Cuando las lluvias superan la capacidad de drenaje, también quedan comprometidos los pueblos y las ciudades. Las napas elevadas pueden generar inconvenientes sanitarios y agravar el funcionamiento de las redes cloacales, especialmente en localidades ubicadas en zonas bajas. “Quedan parajes, pueblos satélites aislados”, señaló Vaccarezza, al describir un impacto que alcanza a toda la comunidad.
Como contraste, la legisladora mencionó el plan adoptado por Brasil frente a la amenaza climática. Según explicó, ese país destinó un paquete de 260 millones de dólares para mitigar los efectos de El Niño, con recursos para la limpieza de canales, obras hídricas, salud y abastecimiento de alimentos. La comparación expone, a su entender, la falta de una estrategia preventiva coordinada entre Nación, Provincia y municipios.
La finalización de los tramos pendientes del Salado y la ejecución de las obras secundarias aparecen así como una prioridad para reducir la vulnerabilidad de una amplia región bonaerense. “Uno está mirando el cielo constantemente porque ante el agua no puede hacer nada, pero sí se puede mitigar para que el agua pueda salir más rápido”, resumió Vaccarezza. Para el sector agropecuario, esa diferencia puede definir si una campaña se desarrolla con normalidad o si la producción, el transporte y las comunidades vuelven a quedar bajo el agua.
