La presión impositiva continúa siendo uno de los principales obstáculos para la producción argentina. De acuerdo con la medición de septiembre del Índice FADA, el 58% del resultado económico de una hectárea agrícola se destina al pago de impuestos, mientras que el 27% corresponde al alquiler de la tierra y apenas el 15% queda para el productor como ganancia.
“Siempre hay que pensar que el agro paga todos los impuestos que paga la economía, sobre los que en general hay mucha queja al respecto, pero además están las retenciones, que le suman la mitad del peso que nosotros medimos en el índice FADA”, explicó Antonella Semadeni, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina.
El indicador contempla la situación de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol en distintas provincias y mide el peso de los tributos sobre la renta agrícola. En ese esquema, los impuestos nacionales no coparticipables —principalmente las retenciones— representan actualmente el 55% de la carga total. La participación registró una baja desde niveles cercanos al 60%, luego de que los derechos de exportación se redujeran aproximadamente un tercio.
Sin embargo, la mejora resulta limitada frente a la evolución de los costos. Semadeni señaló que el fuerte aumento de la urea, asociado al conflicto en Medio Oriente, redujo el resultado económico de las explotaciones. Al disminuir la diferencia entre ingresos y gastos, la carga tributaria termina representando una proporción mayor sobre una rentabilidad que ya se encuentra debilitada.
La economista también remarcó que las retenciones se aplican sobre el precio recibido por el productor, con independencia del volumen cosechado, del valor internacional de los granos o de las condiciones climáticas. “Es decir, podés cosechar una tonelada o 100 toneladas, porque tuviste sequía o porque tuviste un año buenísimo”, pero el mecanismo de retenciones mantiene su impacto sobre el ingreso del productor, explicó.
A esta estructura se suman las diferencias regionales. Los productores deben afrontar impuestos provinciales como ingresos brutos, sellos e inmobiliario rural, además de tasas y contribuciones municipales. Según FADA, los tributos provinciales representan alrededor del 8% de la carga total, mientras que los municipales pesan menos del 1%, aunque su incidencia puede variar de acuerdo con la jurisdicción.
La distancia a los puertos constituye otro factor determinante para la rentabilidad. El peso de los fletes en los costos totales del maíz pasó del 23% al 28% en el último año, mientras que en soja aumentó del 16% al 20%. En términos concretos, FADA estima que de cada diez camiones de maíz que salen de provincias como Córdoba o San Luis, dos se destinan exclusivamente al pago del transporte.
El impacto no es igual en todas las provincias. El índice mide los impuestos en relación con los ingresos y los gastos de cada sistema productivo, por lo que una jurisdicción que paga menos pesos por hectárea puede enfrentar una presión relativa mayor si tiene menores rendimientos, mayores distancias a los puertos o costos de insumos y labores más elevados.
En la última medición, Entre Ríos registró la mayor presión tributaria relativa, con el 58,4% del resultado económico. Le siguieron San Luis, con el 55%; Santa Fe, con el 54%; y Córdoba, con el 57%. En términos generales, las provincias analizadas se ubicaron en una franja de entre el 54% y el 58%, una magnitud que deja poco margen para absorber contingencias climáticas, variaciones de precios o aumentos de costos.
La situación también impacta sobre el resto de las cadenas agropecuarias, incluida la producción avícola, porcina y ganadera. Aunque el índice FADA se concentra en cultivos agrícolas, el encarecimiento de los granos, los combustibles, el transporte y los insumos termina trasladándose a los costos de alimentación y logística de las producciones animales. En un mercado donde la competencia depende cada vez más de la eficiencia, la presión fiscal y la falta de infraestructura reducen las posibilidades de mejorar márgenes y sostener inversiones.
El informe de FADA se publica trimestralmente y se encuentra disponible en el sitio web de la fundación y en sus redes sociales. La medición, que comenzó en 2007, llegó en algunos períodos a niveles cercanos al 90%. Aunque el registro actual es inferior, continúa reflejando una estructura de costos e impuestos que limita la capacidad del productor para crecer y competir en los mercados interno y externo.
