En un contexto de suba del precio de la carne vacuna y cambios en las preferencias del consumidor, un informe de FADA vuelve a poner números sobre una discusión central para la competitividad del agro: cuánto pesa el Estado en el precio de los alimentos y cómo las políticas intervencionistas terminan impactando en producción, rentabilidad e incluso en lo que llega a la mesa. La economista Antonella Semadeni explicó que en productos básicos como carne, leche y pan, los impuestos se llevan una porción mayor que la ganancia de toda la cadena.
El dato es contundente y funciona como radiografía de época: cuando un argentino paga un alimento, paga tres cosas. “Lo primero son los costos de producción… lo segundo son los impuestos —nacionales, provinciales y municipales—… y lo tercero es la ganancia o rentabilidad de los distintos eslabones”, detalló Semadeni en la entrevista con Adalberto Rossi, Patricia Aller y Eugenia Quibel. En términos generales, el promedio que mide FADA marca 60% costos, 15% ganancias de toda la cadena y 25% impuestos. Traducido al mostrador: “si vamos a la carnicería y compramos un kilo de carne… alrededor de 18.000 pesos, un cuarto son impuestos”.
La carga tributaria no sólo es alta: también cambia la percepción social sobre “quién se queda con qué”. Semadeni lo explicó sin vueltas: “muchas veces uno se enoja en el supermercado y piensa que los eslabones están llevando mucha ganancia. Y no”. Según FADA, la suma de las ganancias de cría, feedlot, frigorífico y carnicería queda por debajo de lo que captura el Estado en impuestos. Por eso la economista usó una metáfora que incomoda pero grafica: “El Estado funciona como una especie de socio ‘vago’: no cría al animal, no transporta, no vende, no asume riesgos, no invierte, no madruga, pero cobra el 25% del precio final”.
Esa estructura se vuelve aún más sensible cuando los costos se mueven por factores externos, como el conflicto en Medio Oriente y su efecto sobre energía, fletes y logística. La clave, advirtió Semadeni, es que el impacto no siempre se traduce en precios finales más altos, sino en márgenes más finos dentro de la cadena: “lo que vemos no es que necesariamente aumenten los precios de los alimentos, porque muchas veces no hay margen, sino que se achica la rentabilidad de los eslabones ante mayores costos de producción. El Estado sigue cobrando igual”. En leche, por ejemplo, “el 6% del precio… está influenciado estrictamente por los costos de fletes y combustibles”; en trigo, base del pan, “el 8% o 9% de los costos del productor… están estrictamente relacionados con combustibles y fertilizantes”.
En paralelo, el consumidor está votando con el bolsillo. La carne vacuna subió fuerte y el consumo cae. “Hoy consumimos cinco kilos menos por persona que hace un año”, afirmó Semadeni, y lo vinculó a una dinámica muy por encima del resto de la economía: “la carne vacuna aumentó un 70% cuando la inflación fue del 30%, es decir, 40 puntos por encima”. En cambio, “el cerdo y el pollo estuvieron más en línea con la inflación”, lo que empuja la sustitución hacia proteínas más accesibles: “vemos una sustitución hacia carnes alternativas, como el cerdo, que aumentó un kilo per cápita en el último año”. Para la avicultura y la porcicultura, esto configura una ventana de demanda interna que puede sostener volúmenes, pero también plantea un desafío: evitar que la presión de costos y la carga impositiva licúen la rentabilidad justo cuando el mercado tracciona.
La discusión de fondo, sin embargo, excede la coyuntura y se mete de lleno en política agropecuaria y comercio exterior. Semadeni reconoció componentes estacionales en la carne (verano, mayor consumo), pero apuntó al corazón del problema: “durante muchos años Argentina tuvo medidas restrictivas e intervencionistas: retenciones, cupos o prohibiciones de exportación y programas de precios cuidados donde el Estado fijaba el precio sin importar costos ni rentabilidad”. El resultado, explicó, fue un freno a la inversión ganadera: “eso desincentivó la producción… Y esa menor producción es la carne que hoy falta. Es algo que venimos arrastrando y que tarde o temprano íbamos a pagar. Y lo estamos pagando hoy, literalmente”.
Para la industria avícola y el entramado agropecuario, el mensaje es claro: sin una discusión seria sobre reforma tributaria, reglas estables y estímulos a la inversión, la “competitividad” queda atrapada entre costos crecientes y un Estado que participa como el principal ganador del precio final. Mientras tanto, el cambio en la dieta —con el pollo y el cerdo ganando lugar— abre una oportunidad productiva inmediata, pero también exige previsibilidad para que esa demanda se traduzca en más producción, más empleo y más exportaciones, y no sólo en un reacomodamiento forzado del consumo interno.
