Tras cumplir los 28 días reglamentarios sin detección de focos, Argentina volvió a declararse país libre de influenza aviar ante la OMSA. La noticia trae aire a la cadena avícola, especialmente por su impacto en mercados y logística, pero también reaviva una discusión estructural: cómo blindar al sistema frente a un virus que ya es global. Bioseguridad, vigilancia, vacunación y/o un fondo de asistencia aparecen como los ejes de una agenda que, según el veterinario y productor Yari Lucerna, ya no admite improvisaciones.
La recuperación del estatus sanitario se formalizó esta semana con el informe elevado por SENASA a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), luego de cumplirse lo que marcan los protocolos internacionales. “Se hizo el informe desde Argentina, de SENASA a la OMSA, de que ya cumplimos con lo que se norma, que son dos períodos de incubación sin casos activos”, explicó Lucerna en la entrevista realizada por Adalberto Rossi, Patricia Aller y Eugenia Quibel. El detalle no es menor: cualquier detección nueva en cualquier punto del país reinicia el conteo y reactiva el engranaje de contención.
En su repaso técnico, Lucerna sintetizó el ABC que sostiene el estatus: ante un foco, “hay que actuar en consecuencia: eliminar las aves afectadas y evitar toda posible salida del virus hacia otro destino”, lo que incluye limpieza, desinfección y disposición segura. Luego, subrayó, viene el tramo menos visible y más exigente: “una vigilancia continua de ese lugar para asegurar que no quede ningún virus con posibilidad de propagarse”. Esa vigilancia, insistió más adelante, es intensa, permanente y con un dato que incomoda: el costo, en gran medida, recae sobre el productor.
Uno de los puntos más sensibles de la conversación fue el origen de los episodios registrados en el país. Aller planteó que, en esta oportunidad, el virus “entró caminando” por fallas de bioseguridad más que por vías migratorias. Lucerna matizó esa lectura y aportó un elemento clave: la ausencia de vínculos epidemiológicos entre casos. “No estaría tan seguro de que haya sido solo por descuido. Fijate que los casos no tuvieron vínculo epidemiológico entre sí”, señaló. Y reforzó el argumento con un dato operativo: pese a los anillos de control (3 km) y vigilancia (10 km) que se activan ante cada evento, “nunca ocurrió contagio secundario”. Para la producción, esa diferencia es crucial: no es lo mismo un evento aislado que una diseminación local sostenida.
La bioseguridad, de todos modos, sigue siendo la primera trinchera. Lucerna reconoció “enormes esfuerzos del sector privado y público, con veterinarios acreditados y capacitación permanente”, y adelantó que “ahora se está haciendo una reactualización de veterinarios acreditados, así todos sabemos qué hacer en cada granja”. Sin embargo, planteó que depender solo de esa barrera ya no alcanza en un contexto donde la influenza aviar dejó de ser una rareza. “En el conversatorio mundial de influenza se determinó que la bioseguridad no es 100% efectiva”, sostuvo, y enumeró la razón de fondo: por más disciplina que haya, “puede fallar por múltiples vías de ingreso”.
Ahí aparece el nudo político-económico de la discusión: vacunación o compensación. Lucerna fue directo: “necesitamos vacunación o un fondo de asistencia”. Su argumento combina sanidad y comportamiento económico: si no hay respaldo, el productor puede demorar la denuncia por miedo a quedar afuera del sistema. “Si no tenemos vacuna, al menos debemos tener un respaldo económico que dé tranquilidad para denunciar rápido”, remarcó. Y también explicó por qué cuesta construir un fondo sectorial: “el que tiene buena bioseguridad siente que no debe pagar por el descuido de otro”. La tensión es típica de los esquemas de seguro: se necesita solidaridad para que funcione, pero la percepción de “pagar por el otro” lo vuelve políticamente difícil.
El capítulo vacunas, en Argentina, está todavía en el terreno de lo potencial. Lucerna recordó que “en el mundo hay muchas vacunas. China vacuna hace 20 años, México hace más de 10 y Estados Unidos está mejorando las suyas”, mientras que a nivel local “no tenemos vacunas aprobadas; los dossiers no están aprobados por SENASA”. Incluso si se destrabara lo regulatorio, el diseño de estrategia sería determinante: “No necesariamente en el 100% de las aves, sino quizá en aves de vida larga, como reproductores, para asegurar producción y seguridad alimentaria”. Es decir: una cobertura selectiva, pensando en el impacto productivo y en cómo administrar riesgos sin paralizar la dinámica del negocio.
Pero el mayor escollo no es técnico sino comercial. Quibel fue al punto sobre el temor histórico: perder mercados. Lucerna lo confirmó, aunque amplió el foco hacia la arquitectura del comercio global: “Cuando vacunás, muchos mercados de exportación se cierran”. Y planteó una contradicción que hoy atraviesa a los países avícolas: “Lo que falta es un sinceramiento de la Organización Mundial de Comercio, que aún mantiene cláusulas restrictivas. Mientras tanto, la OMSA recomienda vacunar”. En ese cruce, Argentina apuesta a mostrar “señales claras, con vigilancia activa muy exigente”, y a herramientas complementarias como “zonificación y regionalización” para sostener exportaciones cuando los eventos son acotados.
Con el estatus recuperado, la industria avícola argentina vuelve a respirar, pero no debería confundirse alivio con solución. La influenza aviar se consolidó como un factor estructural del negocio global y obliga a una respuesta que combine sanidad, financiamiento y reglas de comercio. La “normalidad” ya no es ausencia de riesgo: es capacidad de detectarlo rápido, contenerlo y sostener la continuidad productiva sin castigar al eslabón que denuncia a tiempo. En esa agenda, como insistió Lucerna, el futuro parece binario solo en apariencia: “buena bioseguridad”, sí, pero con “una herramienta más, como vacuna o fondo de asistencia”.
