Con once casos positivos notificados y nuevos focos que siguen apareciendo, la influenza aviar dejó de ser un episodio asociado a aves migratorias para convertirse, según CAPIA, en un riesgo instalado y de circulación doméstica. En una entrevista con los periodistas Adalberto Rossi, Patricia Aller y Eugenia Quibel, el presidente ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), Javier Prida, anunció que el pedido formal para avanzar con una estrategia de vacunación ya está en manos del Senasa y advirtió sobre un dilema que, en su mirada, está mal planteado: por preservar una porción menor de exportaciones, se expone el abastecimiento interno y la continuidad de cientos de empresas familiares.
El punto de partida es epidemiológico, pero el diagnóstico que plantea Prida es político y económico. “Ya no es un virus que llegó con un ave migratoria, ya es un virus que está circulando en forma doméstica”, afirmó. Para el titular de CAPIA, el país debe asumir que “vamos a convivir con el virus” y que, frente a esa realidad, la principal herramienta es la que históricamente permitió controlar enfermedades en humanos y animales: la vacunación.
Una de las resistencias tradicionales en el sector —y dentro del propio Estado— se relaciona con la pérdida de mercados externos. Prida no lo niega, pero lo relativiza con números y con una distinción clave: no todos los productos quedan automáticamente fuera del circuito exportador si se vacuna. “Todo lo que tenga un proceso térmico —termo procesado, pasteurizado o cocción— mantiene los mercados abiertos”, explicó, enumerando el huevo en polvo, harinas de vísceras y pechuga cocida. El problema, detalló, se concentra en los productos frescos: “huevo en cáscara, huevo fértil, pollo fresco o algún corte fresco”. Aun así, remarcó que esos cuatro ítems “representan el 5,25% del total de las exportaciones de Argentina”.
Desde esa perspectiva, el riesgo de no actuar recae sobre el mercado interno, donde el consumo es determinante. Prida recordó que “la proteína animal más consumida en Argentina es la proteína avícola —75 kilos por habitante por año: 50 kilos de pollo y 25 kilos de huevos—”. Y planteó el núcleo de su argumento: “Estamos arriesgando el 95% de la proteína avícola que consumen los argentinos contra el 5% que se exporta”. A esa ecuación le sumó una lectura sobre la estructura empresarial del sector: “Hoy tenemos condicionadas alrededor de 1.030 establecimientos avícolas productores de huevo… estamos hablando de alrededor de 1.000 empresas familiares condicionadas por 15 o 20 empresas que exportan”.
El costo de la influenza aviar, en Argentina, además, no se amortigua con mecanismos de seguros o compensaciones estatales como ocurre en otros países. Prida lo comparó con Estados Unidos: “En los últimos cinco años gastó 4.600 millones de dólares en indemnizaciones a productores”. En cambio, describió un escenario local en el que el productor queda expuesto a la pérdida total: “Ave contagiada, ave sacrificada. Lote contagiado, lote sacrificado”. Y subrayó un punto especialmente sensible para la economía de las granjas: “El que te obliga es el Estado. Te obliga a matarlos con tus recursos y tu personal, porque el Estado no pone una moneda… además de perder tu capital de trabajo, tenés que poner plata para eliminarlo. Y quedás desnudo”.
En esa línea, señaló a las ponedoras como el eslabón más vulnerable. “Las ponedoras… si una granja de ponedoras tiene la enfermedad, sí o sí se detecta y sí o sí hay rifle sanitario”, sostuvo. En contraposición, deslizó una preocupación que roza el terreno de los incentivos y la informalidad sanitaria: en pollos de engorde, dijo, podría existir la tentación de mandar aves a faena sin análisis, porque el circuito podría no detectarlo con la misma visibilidad.
Sobre el estado de la discusión, CAPIA asegura que el canal institucional está abierto, pero denuncia falta de avances concretos. “La presidenta del Senasa ha recibido nuestro pedido formal. La Dirección Nacional de Sanidad también. Estamos trabajando”, indicó Prida. Sin embargo, advirtió: “Ya han pasado tres años y seguimos en el mismo estatus que el día uno respecto a la vacuna. Y la situación epidemiológica es más grave que el día uno”. Para reforzar el cambio de época, enumeró una lista de países que ya incorporaron la herramienta —desde México hasta Uruguay, y varios europeos— y remató con una comparación estratégica: “Los que no vacunan son los dos países más importantes en el comercio avícola: Brasil y Estados Unidos”. Para Prida, la diferencia es que ellos cuentan con “espalda financiera” o indemnizaciones. Argentina, sin una ni otra, enfrenta un dilema que excede lo sanitario y se mete de lleno en el corazón de la política agropecuaria: cómo proteger producción, empleo y abastecimiento sin quedar atrapados en una lógica de comercio exterior que, en los hechos, no compensa el riesgo de perder el capital productivo.