Mientras se aguardan detalles de las medidas anunciadas para la exportación de carne vacuna, el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que conduce Luis Basterra, publicó la Resolución 60/2021, a través de la cual regirán mayores exigencias a los operadores del comercio exterior que deben estar inscriptos en el Registro de Operadores de la Cadena Agroalimentaria, que depende de la cartera agropecuaria, más conocido como RUCA.
La norma exige la presentación de una enorme cantidad de documentación, mucha de ella ya disponible en otras dependencias del Estado, como paso previo a poder vender al exterior carne vacuna, lácteos y granos. Los especialistas sostienen, que “los requerimientos aplican a nuevos sujetos que quieran exportar, atentando contra cualquier nueva iniciativa de una pyme y generando mayor concentración”.
Dicha resolución tiene como objetivo de establecer controles sistémicos y evitar el ingreso al mercado de operadores comercialmente desleales.
En la misma constan los numerosos nuevos requisitos que deberán cumplir los exportadores: informar las ventas que planean hacer en el próximo año; información financiera para probar solvencia; presentar una constancia que el Banco Central ya les exigía; informar detalles sobre sus empleados y salarios pagos; presentar balances; y verificar que las empresas a las que compran cumplan con estos mismos requisitos.
Con la aplicación de este tipo de medidas, se profundiza la sensación del sec- tor agroindustrial de que existen en el Gobierno dos sectores que operan de manera diferente al momento de regular la actividad.
Por un lado, hay funcionarios y hasta el propio Alberto Fernández, que promueven un aumento de las exportaciones que permitan el ingreso de divisas que son necesarias para combatir los grandes flagelos de la Argentina, como la pobreza e indigencia. Y por el otro lado, se implementan normativas con que no conducen a facilitar las tareas de los exportadores, sino todo lo contrario.
Se multiplican requisitos y se exige informar un año antes qué operaciones se van a realizar. Este es un ejemplo más del exceso control que sufre el sector: no sólo cada vez paga más impuestos haciendo que su actividad sea más ineficiente y menos sostenible, sino que además genera mayor burocracia.
En definitiva se termina perjudicando a las empresas más chicas, que no tienen otra opción de seguir agrandando su costo administrativo con el fin de reportara un socio (el Estado) que sólo participa de las ganancias y no de las pérdidas. Hay muchas inconsistencias como la que obliga a los empresarios “Sin planta” a informar mercadería a exportar, volumen, proveedores y destinos como si esto fuera fácil o posible proyectar.
Fiel a su estilo, el Gobierno dice una cosa y hace otra: pide exportar más y dificulta exportaciones… ¿No sería mucho más fácil articular entre lo público y lo privado, persiguiendo un objetivo común?
Autor: Adalberto Rossi
