El primero de julio marcó un punto de inflexión negativo para el agro argentino. La actualización de los derechos de exportación sobre productos claves como la soja (al 33%) y el maíz (al 12%) puso en evidencia un retroceso en la política agroindustrial que, según la presidenta de la Fundación Barbechando, Ángeles Naveyra, conduce directamente al escenario menos deseado: el de “barranca abajo”. En una reciente entrevista, Naveyra fue tajante al afirmar que “el 80% de toda la superficie de la República Argentina que está destinada a la producción de soja se torna no viable económicamente”. Esto implica que, deducidos los costos directos, indirectos, arrendamientos e impuestos, producir deja de ser rentable, incluso antes de considerar impuestos como Ganancias.
La situación para el maíz es apenas menos grave, pero igual de preocupante. “Ese número está en torno del 60% de la superficie; no es viable económicamente”, explicó Naveyra, quien advirtió que pese a estas condiciones adversas, los productores siguen adelante con la siembra por razones de sustentabilidad, rotación de cultivos y, fundamentalmente, porque “no pueden hacer otra cosa”. Este sacrificio, no obstante, sigue sin tener correlato en la política fiscal ni en la representación parlamentaria que el sector necesita.
Desde la Fundación Barbechando, junto a CREA y otros integrantes del Comité Agroindustrial, se vienen promoviendo análisis técnicos que visibilicen el impacto concreto de tales medidas. Sin embargo, los avances legislativos son lentos. Según Naveyra, existe una herramienta parlamentaria llamada “emplazamiento”, mediante la cual la Cámara Baja podría forzar a las comisiones de Agricultura, Presupuesto y Economía a tratar proyectos vinculados a la reducción o eliminación de retenciones. Aunque este mecanismo comenzó a activarse en el Congreso, los tiempos no son inmediatos: “Si hoy se consigue el quórum, las comisiones tendrán 15 días para reunirse y dictaminar. Luego, recién comenzará el debate legislativo”.
Al ser consultada sobre por qué resulta tan difícil disminuir las retenciones, Ángeles fue directa: “Porque aportamos muchísimo pero no representamos en el Congreso”. Según explicó, la política ha encontrado en los derechos de exportación una herramienta legal, fácil y eficaz de recaudación. Como este ingreso no es coparticipable, queda exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo. En cambio, impuestos como IVA o Ganancias derivados de una mayor producción deberían distribuirse entre las provincias. En pocas palabras: es más fácil para el gobierno recaudar sin compartir.
La posición que defiende la Fundación no se basa en el desfinanciamiento del Estado, sino en la previsibilidad y reglas claras: “El productor pide: dame reglas claras. No puede sembrar con un derecho de exportación y cosechar con otro”. Esta incertidumbre, combinada con una presión fiscal creciente, pone en riesgo la inversión, el empleo rural y el arraigo productivo en el interior.
Ante este complejo escenario, lo que propone Barbechando es avanzar hacia un modelo legislado, transparente y planificado de reducción de retenciones. Si bien la eliminación total no parece viable en el corto plazo, Naveyra considera indispensable avanzar en esquemas intermedios que, al menos, alivien la asfixia financiera del productor. Un paso clave será consolidar una representación parlamentaria que defienda los intereses de uno de los sectores que más aportan al producto bruto nacional y que hoy, más que nunca, siente que trabaja cuesta arriba.