El decreto 523 de 2020, que estableció temporalmente 0% de arancel a la importación de materias primas como el maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta de soya hasta fines de junio 2020, prorrogable por tres meses más, podría ser el declive para las cerca de 390.000 familias, que todavía cultivan estos productos en Colombia.

Existen en el país cerca de cerca de 340.000 hectáreas de maíz, alrededor de 112.000 son sembradas por campesinos y 224.000 por industriales, según Germán Vélez, ingeniero agrónomo y director de la Corporación Grupo Semillas, quien manifestó que, con esta medida para los productores, tanto campesinos como industriales, ya no sería rentable sembrar este producto y se desestimularía la producción agrícola nacional.

Colombia importa el 85% del maíz que consume, que se emplea principalmente como insumo para la producción de algunos alimentos balanceados y concentrados para las cadenas productivas porcícola, avícola y piscícola, reporta Semana Sostenible.

También existe el temor que, al recibir maíz amarillo duro de los Estados Unidos, país con el que Colombia firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) desde el 2011, las plazas de mercado se inunden de este producto que “es transgénico y de muy mala calidad, ante la falta de control de las autoridades y pese a que solo está permitido como materia prima para la producción de concentrados”, sostuvo Vélez.

El director del Grupo Semillas indicó que hoy es más barato importar maíz de Estados Unidos, debido a que en esa nación dicho alimento era subsidiado por el gobierno, razón por la cual llegaba a Colombia a un precio menor que el producido aquí, por lo que era muy difícil la competencia. “Poner el arancel cero va a ser el acabose de la producción nacional y una pérdida más de autonomía alimentaria”, sostuvo.

El Gobierno nacional expidió este decreto dentro del marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica sosteniendo que para proveer a los colombianos proteína animal durante la pandemia era necesario garantizar a la industria el acceso a materia prima barata en el mercado global. Este argumento que ha sido duramente cuestionado por la Alianza por la Agrobiodiversidad, conformada por 19 organizaciones, al considerar que esta medida es inconstitucional, innecesaria e inconveniente.

Aseguran desde esa organización que esta iniciativa beneficiará a los importadores y a la industria avícola, porcícola y piscícola, así como a Estados Unidos, que al haber restringido su mercado de venta de soya con China (su principal comprador), contaba con una sobreproducción.

En vista del grave golpe al campesinado colombiano que aún cultiva maíz, soya y sorgo, la Alianza por la Agrobiodiversidad solicitó que el Consejo de Estado avoque conocimiento en control inmediato de legalidad del decreto expedido por el gobierno.

Dora Lucy Arias, abogada de la Alianza por la Agrobiodiversidad, indicó que no pueden existir normas que, basadas en las emergencias sanitarias, escapen al control constitucional. Aseguró que no se trataba de una medida urgente y sí de una que podía generar efectos negativos para el agro colombiano.

“El gobierno invocó ese decreto por la pandemia, pero en realidad no existía la necesidad de bajar los aranceles a cero, ya que evade el control judicial constitucional y legal necesarios. Esto consolida la política regresionista que se ha venido dando contra la producción nacional de alimentos por parte de los campesinos”, manifestó.

Para Arias esta medida vulnera los derechos del campesinado, desconoce los derechos humanos y va en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Creemos que este decreto realmente está disfrazando su intención, que es promover la producción de países como Estados Unidos, sin importar los derechos de las personas que en el campo colombiano están produciendo. Esto les va a generar una situación muy difícil de resistir”, apuntó.

Desde la alianza se teme que esta medida que, aparentemente es transitoria, termine volviéndose permanente como el 4X1.100. “El Gobierno colombiano en vez de invertir en el fortalecimiento de la producción agrícola local, está favoreciendo la de otros países. Colombia tiene un alto potencial de producción, pero falta apoyo. Está en juego la soberanía alimentaria nacional”, puntualizó Vélez.