La industria agropecuaria en Argentina, y especialmente la avicultura y los sectores ligados a la exportación de alimentos, atraviesan un período crítico en un contexto de alta presión fiscal, volatilidad cambiaria y escasa previsibilidad. Héctor Arese, especialista en comercio exterior, expuso en una reciente entrevista los puntos más sensibles que condicionan la competitividad y sustentabilidad del sector productivo rural. Uno de los principales problemas señalados por el experto fue la falta de sinceridad en los precios y el tipo de cambio. “Tenemos que preocuparnos más por la economía real que por la economía aparente”, advirtió, en referencia a la brecha cambiaria que distorsiona costos, precios y decisiones de inversión.
La industria avícola, al igual que otras cadenas productivas agropecuarias, depende en buena medida de insumos importados, desde tecnología hasta genética aviar y medicamentos. Un tipo de cambio artificialmente bajo para las importaciones y alto para las exportaciones afecta directamente la rentabilidad de esta actividad. “El industrial dice ‘mi producto vale 2.500’, pero cuando mira la cadena de valor se da cuenta de que tiene un 70% de insumos importados. Entonces ajusta precios y volvemos a ver la misma película de siempre”, explicó Arese, en alusión al círculo vicioso entre devaluación, inflación e inflación importada que afecta la estructura de costos del productor agroindustrial.
Otro de los ejes de la entrevista fue el entramado impositivo que recae sobre cada eslabón de la cadena productiva. En palabras del especialista: “Hoy, un cálculo que cualquier importador hace a ojo, y no le erra por mucho, es que entre el 80% y el 90% son impuestos en importación”. Esta carga impositiva, combinada con una logística obsoleta y cara, representa un obstáculo enorme para un país que encuentra en el campo su principal fuente de divisas. “Tenemos servicios logísticos del primer mundo con camiones del tercer mundo. No hubo inversión, pero no ahora: nunca”, sentenció Arese, haciendo alusión al deterioro estructural del sistema de transporte en zonas productivas claves como el Litoral o el NOA.
Arese también hizo hincapié en la falta de transparencia del sistema recaudatorio, que deteriora las condiciones de competitividad frente a países vecinos. “Pagamos tasas ridículas para temas de ambiente en municipios donde ni siquiera hay calles asfaltadas”, denunció. Esta situación es especialmente sensible en zonas rurales donde los productores deben enfrentar pagos superpuestos a múltiples niveles de gobierno, a pesar de recibir nula o escasa contraprestación estatal. La crítica se extiende también a las tasas por seguridad, salud o infraestructura, que muchas veces no redundan en mejoras tangibles para el sistema productivo.
La distorsión en el tipo de cambio también afecta al comercio exterior, promoviendo el contrabando por sobre la importación legal. “Cuando desaparecen las brechas aparece el valor real. Pero en Argentina tenés un dólar de 300 para importar y otro de casi 800 circulando en la calle. Así, el importador legal carga entre un 50% y 90% de impuestos, mientras que el contrabandista paga mucho menos”, explicó. Esta competencia desleal perjudica a productores genuinos y atenta contra la formalidad de sectores estratégicos como el avícola, el ganadero o el porcino, todos ellos sensibles a los costos en dólares.
Finalmente, Arese se refirió a la inflación y su inevitable relación con el desorden fiscal. “Si vos la banda cambiaria la tenés en 1.400, ¿por qué no ajustamos los precios ya? ¿Qué estamos esperando?”, se preguntó retóricamente, advirtiendo sobre la resistencia del sistema a sincerar precios relativos y variables macroeconómicas. Estas distorsiones impactan de lleno en la economía real, donde el tambero, el productor avícola o el frigorífico deben tomar decisiones de inversión sin una brújula clara. La incertidumbre no es solo cambiaria o política: es estructural. Y mientras no se aborden de raíz los problemas mencionados, el potencial exportador del agro argentino seguirá maniatado.