La voz de preocupación del campo vuelve a hacerse escuchar con fuerza. En una entrevista con los periodistas Adalberto Rossi, Patricia Aller y Eugenia Quibel, la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, María Soledad Aramendi, trazó un crudo diagnóstico de las dificultades que enfrenta hoy el productor agropecuario argentino. “Hoy falta un flujo de fondos”, advirtió de entrada Aramendi, en referencia al impacto devastador que tiene la altísima carga fiscal combinada con precios congelados y costos de producción en alza.
Una de las preocupaciones más urgentes es la acumulación de saldos del IVA que el Estado no devuelve en tiempo ni en forma, lo que ahoga financieramente a los productores. Tal como detalló la dirigente: “La producción compra con un IVA del 21% y vende con alícuotas del 10,5%, por ejemplo en granos, y ahí queda una diferencia… se retiene un 8% y a lo sumo te devuelven un 2% o 2,5%. Termina siendo crédito para el Estado a tasa cero, cuando el financiamiento lo necesitamos nosotros”.
Pero los impuestos distorsivos no acaban en el IVA. La conducción ruralista pidió nuevamente por una reforma tributaria integral y apuntó contra el impuesto inmobiliario rural y la figura del “gran propietario”, que penaliza con un fuerte incremento impositivo a quienes poseen más de 500 hectáreas. “Hace dos años se aplicó un aumento del 600% en ese concepto. Es entregar gran parte de todo lo que es la producción y más”, denunció Aramendi. A esto se suma el impuesto a la patente de maquinarias agrícolas, que se cobra como si fueran vehículos de transporte y no herramientas de trabajo. “Uno no sale en una cosechadora a pasear por las rutas”, ironizó.
El sistema de alquiler de tierras tampoco escapa a las críticas. Aramendi subrayó que a pesar de las malas campañas producto de la sequía y las inundaciones, los valores de arrendamiento no sólo no bajaron, sino que se mantuvieron altos o incluso subieron, favoreciendo la concentración de la producción en manos de grandes actores no siempre relacionados directamente con el trabajo agropecuario. “El 70% de la producción se da sobre campos alquilados… hay actores que ponen valores inadmisibles y eso excluye al productor genuino”, alertó.
En el plano provincial, la dirigente fue tajante al afirmar que “una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen” en referencia al gobierno santafesino. Denunció la falta de respuesta a pedidos de reuniones, ausencia de planes de seguridad y una infraestructura rural en estado crítico. “Tenemos una provincia liberada”, afirmó en relación a la inseguridad que agobia tanto en zonas urbanas como rurales. Y respecto a los caminos rurales, remató: “La infraestructura está postergadísima, pésima”.
Los tiempos que atraviesa el agro no podrían ser más tensos. Mientras desde distintos niveles del Estado se insiste con el discurso de apoyo al campo, la realidad que describe la Sociedad Rural de Rosario muestra un cuadro totalmente opuesto. La rentabilidad está en jaque, los impuestos se acumulan y las voces del interior, una vez más, exigen ser escuchadas.