La decisión del Senasa de flexibilizar el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa reavivó una discusión sensible: cómo sostener el estatus sanitario que habilita mercados y dólares, sin desarmar un sistema que, con sus fallas, logró resultados. Ignacio Kovarsky, presidente de CARVAP, advierte que el cambio no es un “sí o no” ideológico, sino una reforma que exige reglas claras, coordinación y diálogo para evitar que la Argentina pague un costo sanitario y comercial imposible de revertir rápidamente.
La medida, explica Kovarsky, no consiste exactamente en habilitar la vacunación privada por primera vez, sino en ampliar el alcance territorial de quienes ya podían hacerlo. “Veterinarios ya podían vacunar en su distrito. Ahora pueden vacunar en cualquier lugar”, resumió. Es decir: un profesional registrado podría operar fuera de su zona habitual, modificando el mapa de prestadores y la lógica de distribución que hasta ahora ordenaban los entes sanitarios y fundaciones.
En ese contexto, CARVAP eligió bajar el tono del debate cargado de sospechas y acusaciones. Kovarsky relató que, ante la reacción inmediata de sectores que denuncian “un curro” o “un tongo”, la entidad difundió un documento para “fundamentar y dar una buena introducción a este tema”. Su principal conclusión es de cautela: “Toda esta medida que se tomó nos genera muchas, muchas dudas de cómo se va a realizar”. Y por eso, remarcó, “tenemos que abrir los canales de diálogo para que esto salga de la mejor manera”.
El núcleo del argumento está en el peso sanitario y económico de la aftosa. Kovarsky recordó el origen del esquema actual: cuando el control estaba “en manos del Senasa y del productor” no se logró erradicar; luego se armó una “organización extra Estado” con entes sanitarios auditados, cadena de frío, trazabilidad de distribución, cursos para vacunadores y campañas definidas. Ese modelo, sostuvo, dio previsibilidad: “Eso fue exitoso: controlar la fiebre aftosa, la erradicamos… y a partir de ahí no tuvimos más fiebre aftosa”. En un país que es “libre de aftosa con vacunación” al norte de la barrera patagónica, la consistencia del sistema es parte del capital sanitario nacional.
También hay un punto operativo que excede la discusión administrativa. La vacunación no es “todo el año”: son campañas con plazos acotados y un despliegue enorme. “Son miles de kilómetros recorridos en 60 días en todo el país para vacunar… 52 millones de cabezas”, dimensionó. Allí aparece el riesgo de fragmentación: si los productores más grandes y profesionalizados migran a esquemas privados, los entes podrían quedar concentrados en los más chicos y dispersos, elevando costos y complicando coberturas.
Esa posible consecuencia pega directo en la estructura social del campo. Kovarsky aportó un dato contundente: “El 17% de los establecimientos tiene menos de 20 bovinos… el 34% entre 20 y 100. Hay muchísimos productores chicos”. Para ellos, la campaña suele ser el único momento de encierre y control: “En muchos lugares, la única vez que la hacienda pasa por la manga es cuando se vacuna aftosa”. El sistema, dijo, se diseñó con una lógica “solidaria” donde la estructura se paga entre todos para que la inmunidad de rodeo sea homogénea y no queden bolsillos vulnerables. Si esa solidaridad se rompe, “se puede encarecer la vacuna para esos productores”.
La advertencia final excede la ganadería y toca el corazón del comercio exterior: un brote cerraría mercados en cadena. Kovarsky fue explícito: “Si tenemos un brote de fiebre aftosa, perdemos todos los mercados. No es para instalar miedo, es para que no haya problemas”. Y trazó un paralelo con un antecedente reciente en sanidad animal: “No es lo mismo que pasó con la encefalomielitis equina… se desreguló… al tiempo hubo brotes… un desastre”. Con aftosa, el impacto sería mayor por la velocidad con que se caen habilitaciones y la lentitud —y costo diplomático— para recuperarlas.
Lejos de plantear una confrontación política, el titular de CARVAP anticipó que buscarán instancias formales con el Gobierno. “Lo vamos a pedir”, señaló sobre el diálogo con autoridades, y contó que ya se reunieron “muchas veces con Federico Sturzenegger”. Su postura combina reconocimiento y límites: “Para mí es un ministro que está haciendo cosas buenas, pero cuando vemos algo que hay que revisar, lo hacemos”. El objetivo, afirmó, es concreto: “Garantizar que no perdamos nuestro estatus sanitario, que es lo que nos abrió el mundo”, y trazar con Senasa una hoja de ruta para “ir dejando de vacunar” cuando existan garantías técnicas, sin improvisaciones que pongan en juego años de construcción sanitaria.
En una Argentina donde la agenda agropecuaria impacta de lleno en la economía, la discusión sobre la aftosa no es un tecnicismo: es la frontera entre un sistema perfectible y un riesgo sistémico. La reforma puede ser una oportunidad para corregir asimetrías —incluidas las denuncias por costos dispares entre entes—, pero, como advierte Kovarsky, el punto no es “desarmar el sistema” sino mejorar sin perder el control. Porque cuando el mercado se cierra, la historia demuestra que volver a abrirlo siempre cuesta mucho más que sostener lo que funciona.